El denominado juicio de testamentaría, desde el año 2000 viene regulado dentro del Título II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo el nombre de división judicial de patrimonios, y más específicamente como división de la herencia. La necesidad de acudir a la división judicial de herencias sólo se produce cuando no hay acuerdo unánime entre los herederos en la partición.

Cualquier heredero o legatario, podrá reclamar judicialmente la división de la herencia siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador.

Los acreedores de la herencia o de los coherederos no podrán instar la división de la herencia, pero sí podrán intervenir a su costa en la misma, para evitar que la división se haga en fraude o perjuicio de sus derechos. Igualmente, podrán oponerse los acreedores a que se lleve a efecto la partición de la herencia mientras no hayan sido resarcidos sus créditos.